Responsabilidad social ambiental en el manejo de los residuos generados en los laboratorios de enseñanza científica y tecnológica.

Este artículo corresponde a la síntesis de una conferencia que impartí en la Universidad Simón Bolívar México el 27 de abril de 2022 en el Marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología: El impacto de la ciencia y la tecnología en el ambiente.

La responsabilidad social corporativa, tiene distintos matices, responsabilidad social humana, económica, individual, ambiental, etc. Es así que los centros del saber al situarse en medio de la intersección de la responsabilidad humana, por su naturaleza formativo-educativa y la responsabilidad ambiental en su figura legal, tienen el reto por un lado de la formación científica y tecnológica, que imprime una huella ecológica en al ambiente y por el otro explorar medios de control eficaces, no solo por los compromisos que tienen como organizaciones empresariales, como son los requisitos legales, la adopción de códigos voluntarios de conducta con el fin de aumentar la competitividad o una exigencia de mercado, sino por el deber que tienen de formación y desarrollo de los nuevos profesionistas en la ciencia y la tecnología.

Los laboratorios de enseñanza científica-tecnológica son también potentes centros generadores de residuos peligrosos: corrosivos, inflamables, reactivos, tóxicos e incluso residuos peligrosos biológico infecciosos, que son capaces de dañar el ambiente y la salud humana. La estrategia más común para enfrentar el impacto en el medio, está orientada en el tratamiento y disposición final de los mismos, la cual suele ser una medida muy inmediatista, ya que sólo evita daños locales con una perspectiva a muy corto plazo. Es necesario dejar de ver la gestión de los residuos peligrosos como una simple transferencia de riesgo.

¿Cómo podría una organización educativa ir más allá en la gestión de los residuos impactando positivamente en la formación de los nuevos profesionistas?

Primero, tendría que reconocerse en el marco reglamentario ambiental en el que se desenvuelve y cumplirlo.
Típicamente las organizaciones se desarrollan en un contexto regulatorio ambiental en el que pueden estar sujetas a cuatro factores, que corresponden a distintos niveles de compromiso, ya sea por alguno de ellos en forma independiente o por la interacción de dos o más, los factores son:

• Un marco legal que obliga a las organizaciones a observar un comportamiento ambiental básico o de primer nivel de compromiso.
• Un mercado autorregulado que fomenta a sus actores a adquirir compromisos voluntarios, de segundo nivel.
• Un mercado que premia y otorga beneficios como incentivo para una actuación ecológicamente razonable (tercer nivel de compromiso).
• Un aumento en el factor de riesgo económico de la producción perjudicial al ambiente, a través de una mayor responsabilidad legal o cuarto nivel.

Si las organizaciones están siendo presionadas a cumplir compromisos de índole primario y/o secundario no deberían esperar a que el medio en el que se desarrollan las empuje a cumplir los estándares de los niveles superiores, deberían por convicción propia adherirse a estos principios ambientales ya que estas afiliaciones crean una reputación y esa reputación genera confianza.

Lo dicho anteriormente plantea la pregunta: ¿Se puede esperar una recompensa empresarial por ser ambientalmente responsables? La respuesta es sí, sin embargo no reduciría los beneficios a simples estímulos económicos o condonaciones fiscales, ya que la confianza en sí misma puede llegar a ser una fuente notable de ventaja competitiva.

En segundo lugar y una vez cubiertos los requisitos legales, la organización debe instaurar un comité ambiental integrado por la alta dirección, los líderes de proceso, directores, profesores, laboratoristas y alumnos, de modo que toda la comunidad educativa esté representada. Es importante agremiar no sólo a los actores que estén involucrados directamente en la generación de los residuos sino, convocar a la participación a todas las partes interesadas, formando un comité multidisciplinario que tenga movilidad vertical y trasversal en la estructura organizacional de la institución, ya que este organismo, será el responsable de elaborar el diagnóstico, la política y la estrategia ambiental, así como de vigilar su desempeño.

El tercer momento corresponde al diagnóstico. De este examen interno deberá obtenerse cuales son los residuos que se producen y sus características, en que volúmenes y cantidades se generan, en que instalaciones, por ejemplo: laboratorios, talleres, bioterios, colecciones, ceparios, anfiteatros, invernaderos, etc., y qué procesos específicos los producen, ya sea en el proceso sustantivo de enseñanza aprendizaje o por otros procesos auxiliares.

El diagnóstico debe además, revisar los controles actuales con los que cuente el centro educativo, medir su eficacia y eficiencia, valorar su viabilidad o mejora de acuerdo con la nueva visión institucional.

La nueva visión institucional, debe traducirse en una política ambiental que debe permear a la misión y visión de la organización, declararse y comunicarse a todas las partes interesadas. En consecuencia, deberán plantearse también los objetivos de corto, mediano y largo plazo que perseguirá la comunidad en la búsqueda de la meta de reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad en la enseñanza científico-tecnológica.

Cuarto, diseñar, definir e implementar la estrategia partiendo del hecho de que la organización no puede eliminar la generación de residuos, ya que estos provienen del proceso clave de la misma, es la enseñanza científico-tecnológica a través de las prácticas en laboratorios, talleres, etc., lo que aporta valor añadido a las partes interesadas: aspirantes, estudiantes, docentes y a la comunidad. Reza una máxima de la responsabilidad social corporativa “existe valor, sólo si el valor de las salidas incrementa en relación con el de las entradas y ¿Para quién creamos valor?, sencillamente para los grupos de interés”.

Entre las recomendaciones podrían ser, la revisión de planes y programas de estudio, manuales de prácticas, etc., donde se determine:

• Sustituir aquellos insumos notablemente nocivos para el ambiente por aquellos más amigables. Esto no necesariamente tiene que llevarse a cabo en forma abrupta, la organización puede asumir compromisos a largo plazo para ir sustituyendo estos materiales y que le permita soportar los costes paulatinamente.
• Incluir y enfatizar en la formación inductiva y durante todo el desarrollo de la trayectoria académica de los alumnos, la importancia de la gestión de los residuos peligrosos.
• Ponderar la relevancia de las prácticas y dejar sólo aquellas que tengan un impacto significativo en la formación de los alumnos, de acuerdo con los objetivos de los planes de estudios y si estos últimos no correspondieran con una visión ambientalmente responsable, modificarlos acorde con la nueva misión y visión de la organización.
• Incorporar en los programas académicos prácticas que incluyan métodos de valorización, que siempre que sea posible permitan recuperar todo o una parte del valor de un residuo que todavía conserve sus características generando durante el ciclo escolar, por ejemplo, en sustancias químicas por medio de la extracción de un componente valioso de una mezcla o disolución antes de que esta sea descartada. O bien, implementar prácticas donde a través de medios físicos y químicos se apliquen tratamientos que ayuden a inactivar, minimizar el poder contaminante o reducir el volumen de los residuos, para que así, sea una ínfima parte la que sea destinada a disposición final.

Es preciso involucrar a los alumnos en estás buenas prácticas de revalorización o tratamiento de los residuos generados en sus asignaturas, para que con ello adquieran responsabilidad, pero al mismo tiempo se identifiquen como actores del cambio y parte de la solución.

Reitero, estas medidas no deberán comprometer la experiencia vivencial que significan las prácticas escolares, pero deberán estar orientadas a limitar el uso de reactivos y la generación de residuos a su mínima expresión.

Finalmente, estas estrategias no podrán permear a todos los niveles de la comunidad académica, si no existe una campaña permanente de difusión. Aunque pudiera parecer que sólo aquellos inmediatamente involucrados en la generación de los residuos peligrosos deberían estar al tanto de su gestión, es imperante entender que este es un desafío que impacta a toda la institución, así que todas las partes que la componen deben ser enteradas y escuchadas.

En el quinto y último momento recae la vigilancia y la evaluación del desempeño de la estrategia a través del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

Cuantificar volúmenes, pesos, realizar estudios en las descargas de aguas residuales o de las emisiones atmosféricas, etc., que arrojen datos que podamos utilizar como indicadores. Y para que la información recabada pueda ser útil, ser un indicador del desempeño, estos datos deben compararse por ejemplo contra un valor normativo o con los objetivos ambientales planteados por la organización y así, estimar el desempeño ambiental respecto de los aspectos ambientales que le confieren, actuar en consecuencia mejorando la estrategia, verificando los cumplimientos legales y soportar
o auxiliar la toma de decisiones.

No desestimar la importancia de involucrarse con los proveedores de servicio de colecta y disposición final de los residuos peligrosos, ya que son una parte interesada y deberá vigilarse que sus prácticas, sus procesos y formas estén en coherencia y concordancia con la nueva misión-visión institucional. Insisto, es preciso dejar de ver la gestión de los residuos peligrosos a través de un tercero autorizado como una simple transferencia de riesgo.

Cuando completamos a conciencia las 5 etapas de la estrategia, nos damos cuenta que la etapa siguiente es de nuevo la primera, porque todo es perfectible y el ciclo de la mejora continua no termina jamás.

Confío en que los centros del saber encontrarán una oportunidad favorable en esta coyuntura.